Dos investigaciones que apuntan contra la administración de Marcelo Orrego trascendieron las fronteras provinciales y se transmitieron por la televisión abierta para todo el país el último martes 27 de mayo.
Se trata de los sobreprecios en la contratación directa del Gobierno de San Juan a JL Papelería para la compra de kits escolares y también del subsidio por 900 mil dólares a la empresa Flybondi.
En su programa de El Nueve, el periodista Tomás Méndez denunció al aire la contratación directa del Gobierno de San Juan a José Nazareno Gazze, dueño de JL Distribuciones por un monto de $685.200.000 (seiscientos ochenta y cinco millones doscientos mil pesos) por 30 mil kits escolares.
Además, denunciaron en el programa que la empresa en cuestión no figura como registrada.
El empresario Gazze es socio político de Orrego, fue diputado proporcional por el basualdismo del 2007 al 2011 y es un empresario muy vinculado al espacio político del gobernador. A esto se le suma también que en la lista de candidatos a ex senadores de Juntos por el Cambio en 2023 apareció como primer suplente Diego Gazze, hijo del empresario en cuestión.
Cabe destacar que el decreto tiene la fecha del 15 de enero de 2024 y su publicación en el Boletín Oficial es del 3 de octubre del mismo año.
«En porcentajes, vamos a ver cuánto les afanó el Gobernador«, insistió Tomás Méndez en el programa, a lo que agregó que su producción pidió un presupuesto por los mismos útiles escolares en la misma librería de los mismos útiles al por menor: «Está más barato de lo que estaban en aquel momento», denuncia el periodista, indicando que el sobreprecio del «amigo del gobernador de San Juan fue del «106%«.
Por otro lado, en Telenueve Denuncia también hablaron del convenio de Flybondi con el Ministerio de Turismo de San Juan, que autorizó un aporte no reembolsable de 900.000 dólares a la firma a cambio de 13.000 pasajes.
Estos hechos no solo despiertan sospechas de manejos irregulares dentro del gobierno de Marcelo Orrego, sino que también exponen una preocupante falta de transparencia y control en el uso de los recursos públicos.