Este martes 8 de julio, decenas de trabajadores de la salud no médicos —enfermeros, bioquímicos, odontólogos y personal de centros hospitalarios como Rawson y Marcial Quiroga— protagonizaron una protesta frente al Auditorio Juan Victoria, en el marco de la Gala Patria. El motivo: reclamar un aumento salarial equivalente para todos los profesionales de salud, en contraste con lo que consideran un “incremento bastante desigual” que favoreció únicamente a médicos, con subas cercanas al 60% según denuncian ellos.
Los manifestantes, que se identifican como “autoconvocados” pese a estar afiliados a gremios como ATSA, cuestionan la falta de representatividad y recurren a la protesta directa. Marcharon hasta Casa de Gobierno, donde lograron reunirse con el secretario de la Gobernación, Emilio Achem, y finalmente con el ministro de Salud Pública, Amílcar Dobladez, quien accedió a dialogar en persona.
Más allá del aumento desigual, exigieron pases a planta permanente, celeridad en la resolución de expedientes y atención a “situaciones particulares” de cada trabajador.
Lo que el gobierno evita
1. Prioridades desiguales en tiempos de crisis sanitaria
Es inconcebible que en pleno esfuerzo por fortalecer el sistema sanitario, el gobierno de San Juan privilegie a un solo segmento —los médicos— mientras deja rezagados a enfermeros, técnicos y personal esencial. Sin personal fijo, bien remunerado y motivado, la salud pública queda en jaque.
2. Gremios desbordados: autonomía por desesperación
El surgimiento de “autoconvocados” evidencia el descrédito hacia los canales institucionales tradicionales (como ATSA). Esto no es espontáneo: es el síntoma claro de trabajadores que sienten que sus voces no llegan ni a oídos ministeriales ni legislativos.
3. Deficiencia en el diálogo y la planificación
La protesta y la caminata in situ hasta Casa de Gobierno reflejan un Estado reactivo en lugar de proactivo. El ministro Dobladez y su equipo debieron anticipar estas demandas y tender canales de debate antes de que la situación escalara públicamente.
4. Atrasos administrativos que generan inequidad
Salarios postergados, pases que no se efectúan, expedientes paralizados. Estas problemáticas no son coyunturales, sino crónicas, y apuntan a una gestión administrativa deficiente, que posterga derechos laborales básicos.
Mientras la provincia lanza programas con bombo y platillo, como los módulos alimentarios para pacientes diabéticos, el debilitamiento de la base operativa del sistema sanitario amenaza con colapsar su funcionamiento. No solo se trata de dinero: se trata de dignidad laboral, de equidad y de confianzas quebradas en las estructuras de representación.
La salud pública es un compromiso colectivo, pero sin respaldo al personal que la sostiene día a día, ese compromiso es solo retórica política.