El Gobierno de San Juan anunció para este año el beneficio del boleto escolar gratuito, una política pública que permite a estudiantes y docentes viajar sin costo en el transporte público para asistir a clases. Sin embargo, el impacto económico de la medida genera controversia, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y caída de recursos.
Según datos oficiales, en 2024 se inscribieron 44.000 beneficiarios entre estudiantes y docentes. Con un valor actual del pasaje escolar de $250, esto implica que la inversión diaria sería de $44 millones, alcanzando los $880 millones mensuales (tomando un promedio de 20 días hábiles) y un costo anual estimado de $8.800 millones, considerando 10 meses de ciclo lectivo.
¿Una inversión social o un gasto excesivo?
Desde el oficialismo, defienden la iniciativa como una política de inclusión y apoyo a la educación pública, facilitando el acceso a la escuela para miles de estudiantes en toda la provincia, especialmente en los sectores más vulnerables.
No obstante, las críticas no tardaron en aparecer. Algunos sectores de la oposición y especialistas en economía advierten sobre el peso que esta política tendrá en las finanzas provinciales, en un momento complicado del país.
Destinar casi $9.000 millones a pasajes en un año es una cifra que debe analizarse en detalle. ¿Es sostenible? ¿Hay mecanismos para evitar abusos o mal uso?
El debate está sobre la mesa: ¿hasta qué punto el Estado debe absorber el costo total del transporte escolar? Mientras que para algunos es un derecho garantizado, para otros puede tratarse de un privilegio mal enfocado en un contexto económico crítico.